swap comercializado bankinter

Juzgado de Madrid condena a Bankinter por otro swap comercializado sin transparencia

Otro Juzgado que condena a Bankinter a indemnizar a cliente por los daños y perjuicios causados por la contratación de un swap o permuta financiera.

Una vez más un juez considera que este tipo de productos no es apto para clientes minoristas y que la información precontractual recibida por los mismos no fue suficiente para que éstos entendieran las características del producto y los riesgos de la inversión.

Aunque los afectados buscaron asesoramiento externo sobre el producto, según doctrina del Tribunal Supremo, es la entidad de servicios de inversión la que tiene la obligación de facilitar toda la información que le impone la normativa legal .

La Sentencia obliga a la entidad financiera a devolver las cantidades por compensación de las liquidaciones netas a favor y en contra del cliente del contrato, más los intereses legales.

juzgado navalcarnero multidivisa barclays

Anulado clausulado multidivisa e interés de demora en préstamo hipotecario de Barclays

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado Sentencia en primera instancia de Juzgado de Navalcarnero, anulando los contenidos relativos a la opción multidivisa, así como la cláusula relativa a interés de demora, en préstamo hipotecario que unos clientes suscribieron en 2007 con la entidad financiera Barclays (hoy, Caixabank).

Una vez más, la Sentencia señala que la entidad bancaria no ofreció una información precontractual adecuada que explicara la naturaleza del producto y los riesgos vinculados a contratar la hipoteca en yenes, no superando el control de transparencia y viciando su consentimiento.

La Sentencia estima que la cantidad adeudada es el saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros, resultante de disminuir al importe prestado, la cantidad amortizada hasta la fecha, también en euros.

 

aeat ley de segunda oportunidad

Sentencia del Supremo refuerza la Ley de Segunda Oportunidad

El Tribunal Supremo acaba de dictar una Sentencia que refuerza la Ley de Segunda Oportunidad, ya que amplia la capacidad de los Juzgados de lo Mercantil para actuar sobre las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Ley de Segunda Oportunidad, de julio de 2015, permitía empezar de cero a las personas físicas que no podían afrontar sus deudas siempre que cumplieran una serie de requisitos. No se incluían los créditos de derecho público —contraídos con la administración—, ni los créditos por alimentos contraídos tras un divorcio.

En la Sentencia que ahora falla el Alto Tribunal español, da la posibilidad de que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario y subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota). El resto, crédito privilegiado, podrá ser abonado en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real.

La sentencia no significa que los Tribunales puedan condonar el cien por cien de los créditos con la AEAT o la Seguridad Social de quienes se acojan a la norma, pero sí les otorga la capacidad de exonerar un porcentaje que puede llegar a superar el 70% en algunos casos y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionado de los pagos del resto.

 

obligaciones subordinadas banco popular madrid

Juzgado Madrid anula orden de adquisición de obligaciones subordinadas Banco Popular

En el año 2011 un cliente de Banco Popular adquirió obligaciones subordinadas confiando en que se trataba de un producto de renta fija garantizada, a cuyo vencimiento podría recuperar la inversión.

En ningún momento se informó al consumidor de los riesgos del producto, ni le hicieron entrega de folleto informativo, ni le hicieron test de idoneidad y conveniencia.

El cliente solicitó la nulidad del contrato de adquisición de las obligaciones e indemnización por daños y perjuicios, pero Banco Santander alegaba caducidad de la acción para oponerse.

Sin embargo , el afectado tuvo conocimiento de la insolvencia del banco en octubre de 2017 y esa es la fecha que la juez indica que debe tenerse en cuenta para empezar a contar el plazo de caducidad.

La juez recuerda que, en relaciones contractuales complejas, la consumación del contrato no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia del error.

Por otro lado, se recuerda que el Tribunal Supremo considera este producto como complejo y que las entidades financieras tienen la obligación de extremar la información facilitada al consumidor, de manera que queden claros los riesgos que corre la inversión.

El Juzgado falla la nulidad de la compra de obligaciones subordinadas, por error vicio en el consentimiento, debiendo el banco restituir la inversión, las comisiones y gastos pagados desde la contratación, más los intereses legales minorada por los rendimientos recibidos por el cliente. 

Se imponen las costas a la entidad bancaria.

AP Asturias acciones de Popular

Audiencia Provincial Asturias anula contrato de compra de acciones de Popular, por información financiera irreal

La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado Sentencia en primera instancia de Juzgado de Gijón que declaraba la nulidad del contrato de compra de acciones en la ampliación de Banco Popular en junio de 2016.

El informe pericial aportado por el afectado demuestra que la información financiera que aparecía en el folleto no correspondía con la situación de solvencía real de la entidad, lo que vició el consentimiento del consumidor.

La Audiencia recuerda que el hecho de que el producto no sea complejo, no exime ni minimiza el deber de transparencia que pesa sobre la entidad que lo oferta. Al omitir datos esenciales sobre los beneficios y pérdidas reales de dicha entidad, «resulta obvia la concurrencia de un consentimiento viciado en el actor a la hora de adquirir las acciones determinante de la nulidad de la contratación, compartiendo la decisión adoptada en la sentencia de instancia».

Se condena a Banco Santander a restituir al afectado la inversión, más los intereses desde la firma de la adquisición.

TJUE cláusula vencimiento anticipado actualización

TJUE resuelve que el banco puede volver a instar ejecución hipotecaria invocando norma legal vigente

Después de los autos emitidos el pasado 3 de julio, ahora el TJUE ha resuelto que las entidades financieras pueden volver a instar la ejecución hipotecaria, si en lugar de fundamentarlo en la cláusula de vencimiento, invocan la norma legal vigente en el momento de la firma del contrato:

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el principio de efectividad deben interpretarse, en circunstancias como las que concurren en el litigio principal, en el sentido de que no se oponen a que un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia quede vinculado por una resolución dictada en apelación que ordena que se inicie un procedimiento de ejecución en atención a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones que impone al consumidor el contrato de préstamo hipotecario, y ello a pesar de que ese contrato contenga una cláusula declarada abusiva en una resolución previa que ha adquirido firmeza, pero a la que el Derecho nacional no reconoce fuerza de cosa juzgada.

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Audiencia Provincial Zamora condena a Cetelem por intereses usuarios en tarjeta

Entre 1996 y 2012, un consumidor contrató varias tarjetas y préstamos con la entidad Cetelem, con TAE desde 11,87 hasta un 29,5%.

En el caso de dos de los contratos, los intereses remuneratorios superaban el interés medio que determina el Banco de España para este tipo de tarjetas de crédito, por lo que la Audiencia Provincial estima que son usurarios y deben de ser excluidos del cálculo de la cantidad adeudada por el consumidor, estando éste obligado sólo a devolver el principal prestado.

Cetelem deberá devolver lo cobrado en exceso y ahora se enfrenta a otra demanda por inclusión en fichero de morosos, reclamando indemnización por daño moral.

tjue vencimiento anticipado

TJUE vuelve a pronunciarse sobre vencimiento anticipado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha vuelto a pronunciar sobre las cláusulas de vencimiento anticipado en los asuntos C-92 y C-167 planteados en procedimientos de ejecución hipotecaria de Bankia y BBVA respectivamente.

«Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión, por el juez nacional, de los elementos que la hacen abusiva. Sin embargo, esos artículos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva, cuya redacción está inspirada en una disposición legal aplicable en caso de convenio de las partes del contrato, sustituyéndola por la nueva redacción de esta disposición legal introducida posteriormente a la celebración del contrato, siempre que el contrato en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de esta cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales».

Por tanto, los jueces no podrán integrar el contrato, si éste puede subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado. No cabe la eliminación parcial de la cláusula como pretendía el Tribunal Supremo, si se declara nula por abusiva, se tiene que eliminar del contrato.

El juez deberá preguntar al consumidor si quiere seguir con el procedimiento de ejecución hipotecaria o prefiere archivarlo para acudir a un procedimiento declarativo y renegociar la deuda con el banco.

contrato de swap bankinter anulado

Juzgado de Madrid anula contrato de Swap por falta de transparencia

Una clienta de Bankinter firmó una novación de su préstamo hipotecario para reformar su vivienda y el banco le colocó lo que ella entendía como una especie de seguro contra la subida de los tipos de interés, cuando en realidad se trataba de una permuta financiera o swap, un producto de inversión complejo, totalmente inadecuado para un consumidor sin experiencia financiera.

Al cancelar la hipoteca, el banco le reclamaba el coste de cancelación anticipada del swap, por lo que se interpuso demanda solicitando la nulidad de dicho contrato, a lo que la entidad alegaba que había caducidad de la acción y que el producto había sido negociado.

Ahora el juez da la razón a la consumidora, desestimando la alegación de caducidad de la acción en base a Sentencia del Tribunal supremo de 19 febrero de 2018 y, aplicando toda la jurisprudencia del Supremo, concluye que el producto se ofreció como un complemento del préstamo, sin apreciarse que el banco cumpliera con los deberes de información exigidos por la Ley, sobre lo que se contrataba, ni el coste derivado de la cancelación anticipada del producto.

La falta de información ha propiciado un error sustancial y excusable en la afectada, por lo que se deja sin efecto el contrato y ambas partes se restituyen lo abonado.

 

vivienda finalmente no entregada

Banco Santander debe responder ante compradores de vivienda finalmente no entregada

Juzgado de Primera Instancia de Zamora ha condenado a Banco Santander a devolver a unos clientes las cantidades entregadas a una promotora para la compra de una futura vivienda, que finalmente no se entregó.

Los consumidores, de Madrid, adquirieron sobre plano una vivienda en Zamora, para lo que realizaron una serie de entregas a cuenta a la entidad promotora.

El retraso en la entrega de la vivienda por incumplimiento de ésta, llevó a los compradores a solicitar la resolución del contrato y la devolución del dinero entregado, declarándose la promotora insolvente.

Ante tal situación, los clientes pidieron responsabilidades al banco, que se desentendió alegando que el contrato no aludía a la obligación de abrir una cuenta especial.

Los bancos sí tienen obligaciones cuando los consumidores entregan a las promotoras cantidades a cuenta de su futura vivienda. Las entidades donde se deposita ese dinero tienen el deber de velar por los intereses del consumidor y otorgar el correspondiente aval o garantía de dichas entregas.

Así lo estima la juez que, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, especifica que las cantidades anticipadas en la edificación por los promotores se cubrirá mediante un seguro que indemnice el incumplimiento de contrato. El banco tiene la obligación de garantizar dichas entregas a cuenta.

La Sentencia obliga a la entidad bancaria a devolver a los consumidores dichas cantidades entregadas, más los intereses desde su abono.