swap comercializado bankinter

Juzgado de Madrid condena a Bankinter por otro swap comercializado sin transparencia

Otro Juzgado que condena a Bankinter a indemnizar a cliente por los daños y perjuicios causados por la contratación de un swap o permuta financiera.

Una vez más un juez considera que este tipo de productos no es apto para clientes minoristas y que la información precontractual recibida por los mismos no fue suficiente para que éstos entendieran las características del producto y los riesgos de la inversión.

Aunque los afectados buscaron asesoramiento externo sobre el producto, según doctrina del Tribunal Supremo, es la entidad de servicios de inversión la que tiene la obligación de facilitar toda la información que le impone la normativa legal .

La Sentencia obliga a la entidad financiera a devolver las cantidades por compensación de las liquidaciones netas a favor y en contra del cliente del contrato, más los intereses legales.

contrato de swap bankinter anulado

Juzgado de Madrid anula contrato de Swap por falta de transparencia

Una clienta de Bankinter firmó una novación de su préstamo hipotecario para reformar su vivienda y el banco le colocó lo que ella entendía como una especie de seguro contra la subida de los tipos de interés, cuando en realidad se trataba de una permuta financiera o swap, un producto de inversión complejo, totalmente inadecuado para un consumidor sin experiencia financiera.

Al cancelar la hipoteca, el banco le reclamaba el coste de cancelación anticipada del swap, por lo que se interpuso demanda solicitando la nulidad de dicho contrato, a lo que la entidad alegaba que había caducidad de la acción y que el producto había sido negociado.

Ahora el juez da la razón a la consumidora, desestimando la alegación de caducidad de la acción en base a Sentencia del Tribunal supremo de 19 febrero de 2018 y, aplicando toda la jurisprudencia del Supremo, concluye que el producto se ofreció como un complemento del préstamo, sin apreciarse que el banco cumpliera con los deberes de información exigidos por la Ley, sobre lo que se contrataba, ni el coste derivado de la cancelación anticipada del producto.

La falta de información ha propiciado un error sustancial y excusable en la afectada, por lo que se deja sin efecto el contrato y ambas partes se restituyen lo abonado.